martes, 24 de abril de 2012

El calvario de Repsol ha terminado, ahora comienza el de Argentina

• La decisión de expropiar YPF pone aún más en entredicho el papel del país como receptor de inversiones. Encara, además, una avalancha de reclamaciones. • Reluce, pero no es oro. Así resume la situación de la economía argentina un informe de Bankinter. Los datos macroeconómicos del país son envidiables a primera vista. Una mirada más profunda muestra que son números maquillados y que, aun así, exhiben claros síntomas de desaceleración.
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Señales que hacen que la probabilidad de que la economía llegue a colapsar “no sea despreciable”, apunta la entidad. Las cifras de Argentina las acicala el Instituto Nacional de Estadística y de Censos del País (Indec), que habla de una inflación del 9% mientras los estudios privados aseguran que ronda el 25%. He aquí ya uno de los problemas de la economía argentina, “es un país rico en materias primas, pero pobre y corrupto en sus instituciones”, señala el profesor del Instituto de Empresa, Rafael Pampillón. Esta misma semana el FMI ponía en duda sus propias cifras sobre Argentina porque se realizan con números oficiales que no cree ciertos. El organismo, que ha llamado la atención varias veces al país, prevé que Argentina crezca este año la mitad que en 2011, en torno al 4%. Un crecimiento nada desdeñable, pero que supone un frenazo en seco que se acentuará con la decisión de expropiar YPF. Termina el calvario de Repsol, comienza el de Argentina, sintetiza Barclays. La entidad apunta que la decisión de nacionalizar YPF supone el inicio de un calvario de reclamaciones judiciales sobre la compensación que recibirán los accionistas; además, pone en entredicho a Argentina como país receptor de inversiones internacionales. “Han vuelto a demostrar que no es un sitio donde hacer negocio fácilmente”, remarca Pampillón. Basta mirar su prima de riesgo. Tras la decisión de expropiar la petrolera se ha disparado hasta superar los 1.000 puntos, con lo que rebasa a Venezuela y se coloca como la nación con mayor riesgo de quiebra de Iberoamérica. Nacionalizar YPF es una medida populista más que se suma al resto de fórmulas proteccionistas impuestas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Usos que le valen al país el mote de Argenzuela y la reprobación de la práctica totalidad del mundo, FMI, Organización Mundial del Comercio (OMC) y EE UU incluidos. Argentina tiene operativa la Ley de Emergencia Económica, norma que otorga facultades extraordinarias al Gobierno, como sacar dinero de donde quiera. “El crecimiento de Argentina se ha basado en los subsidios [aumentaron un 50% en 2011 y suponen un 4% del PIB] y esto ha comprometido su superávit y ha hecho que necesite fondos”, explica el investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud. Ahora, “el país necesita equilibrar sus cuentas”, apunta este analista, una armonía que Kirchner pretende lograr con medidas como la nacionalización de las pensiones privadas en 2008, que le reportó unos 25.000 millones de dólares al Estado, con el control de las reservas del Banco Central y con YPF. “Uno de los objetivos de la expropiación está vinculado a la necesidad de equilibrar las cuentas”, apunta Malamud. En Argentina el 85% de la energía y del transporte lo cubre el Estado; así, el superávit primario de que ha gozado el país ha desparecido. La nación se convirtió en 2011 en importador de hidrocarburos: compró fuera petróleo y gas por más 9.397 millones de dólares (7.047 millones de euros), mientras que exportó hidrocarburos por valor de 6.466 millones de dólares. En busca de ese superávit y para sostener su moneda (el peso), Kirchner ha impuesto lo que allí llaman el corralito verde. Desde el pasado octubre los argentinos tienen restringida la compra de dólares (de ahí el nombre de verde), ya que su adquisición debe ser validada por el fisco. Comprar dólares es un deporte nacional con el que los argentinos tratan de ahorrar, pero que ha llevado a que la fuga de capitales del país creciera un 88% en 2011, hasta 21.804 millones de dólares. Iguales o más sorprendentes que esa decisión son las que la presidenta ha tomado sobre las importaciones y exportaciones. Prácticas que le han valido la amenaza de sanción de la OMC. Argentina ha puesto en marcha políticas de compensación, de forma que para que una empresa pueda importar los activos que necesita ha de exportar cualquier otro tipo de producto, aunque no tenga que ver con su actividad, para compensar. El país austral necesita el superávit por su dificultad para acceder a los mercados para financiarse al no haber pagado las deudas que mantiene con el Club de París desde la etapa del corralito en 2001. El Estado debe a sus acreedores entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, a lo que habría que sumar los intereses. La presidenta confiaba en alcanzar un acuerdo este mismo año. Pero esa posibilidad se torna ahora imposible. Jorge Todesca, director de la consultora Finsoport y viceministro de Economía durante el Gobierno de Eduardo Duhalde en 2002, explica que “el control sobre el comercio, los procesos de nacionalizaciones y la reforma del Banco Central hacen imposibles las negociaciones”. Ante la difícil situación de sus arcas públicas, los rumores apuntan ahora a que Argentina intentaría ampliar el plazo de los pagos en cinco años, y sin la intervención del FMI. A pesar de todo, Pampillón subraya que la riqueza del país está en sus materias primas y, “aunque en el ADN argentino esté el no pagar [es la nación con más reclamaciones del mundo en la corte de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi], las empresas volverán al país por sus materias primas”. No hay que olvidar que Argentina es el primer exportador del mundo de soja (que vende principalmente a China), tiene las mayores reservas del mundo de agua dulce, grandes yacimientos de hidrocarburos y es uno de los primeros productores mundiales de biodiésel.

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